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18.

Constitución para la transformación

— Bárbara Astudillo — Diego Ibáñez

Bárbara Astudillo.

Activista ecofeminista.

Militante de Convergencia Social.

Diego Ibáñez

Diputado distrito electoral Nº 6, correspondiente a la Región de Valparaíso. Militante de Convergencia Social.

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Se requiere de un Estado distinto con mayores capacidades para respaldar una Constitución más ambiciosa. Sin duda será un aporte contar con un Ministerio de Medio Ambiente que no se encuentre ni política ni administrativamente subordinado a la voluntad de otros Ministerios, o terminar con el monopolio del Poder Ejecutivo para dictar nuevas normas ambientales, ambas situaciones que hoy restringen la capacidad estatal para hacer cumplir el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Así como estas hay muchas más iniciativas que le pueden dar forma a un nuevo entramado institucional que esté orientado hacia un desenvolvimiento armónico entre sociedad y ecosistemas.

Mientras la Constitución pinochetista se pensó con el objetivo de constreñir la democracia para evitar los cambios y perpetuar el modelo neoliberal, la nueva Constitución debe pensarse como una para la transformación. Esto no solo para liberarnos como sociedad de la pesada herencia de la dictadura, sino que también para adaptarnos a las condiciones globales que este siglo nos presenta, entre  las que destaca la emergencia del cambio climático. En este aspecto, la entrada de ideas que superen el paradigma extractivista en Chile, el cual comprende al medio ambiente como un sistema que contiene factores para la producción separado de la sociedad, y que a su vez habilita solo a una élite a decidir sobre el control de estos, presenta importantes desafíos a la hora de expresarlos en un texto legal.      

 

Estos paradigmas abrazan la complejidad propia de la relación entre sociedad y ecosistemas, ambos sistemas ya complejos por sí mismos. Darle respaldo legal requiere diseñar y utilizar una serie de herramientas que comienzan en la Constitución, pero no se agotan ahí. Se requiere una completa reestructuración del aparato del Estado, desde la administración y gobierno de las regiones, pasando por el ordenamiento territorial hasta las formas de participación de las comunidades en la toma de decisiones relevantes para el desarrollo de la vida en sus territorios, todo orientado a una profundización de la democracia y una convivencia armónica con los ecosistemas.

La actual ilusión de estabilidad en la que vivimos se ha sostenido a costa de exclusión política y represión de quienes amenacen el orden hegemónico con ideas de transformación o simplemente por negarse a aceptar lo que otros han decidido para ellas y ellos. Bien lo saben las comunidades en resistencia por la defensa de sus territorios que deben sufrir de intervención, clientelismo y hasta la persecución de luchadoras y luchadores sociales que incluso ha llevado a la muerte.

Durante el enriquecedor proceso de debates ciudadanos y cabildos que se dieron luego de las movilizaciones iniciadas en octubre de 2019, fue un gran empuje de esperanza ver cómo dentro de las prioridades para una nueva Constitución aparecían temas como el fin de las zonas de sacrificio o el derecho humano al agua, incluso en territorios que no se han visto azotados por la contaminación o por la sequía y acaparamiento de agua de forma tan salvaje como ocurre en comunas tristemente emblemáticas como lo son Quintero, Puchuncaví, Cabildo o Petorca, por mencionar algunas.      

     

Si bien terminar con estas realidades requiere de más que un cambio constitucional, está claro que una nueva Constitución basada en la voluntad expresada en estos espacios participativos, debe contener principios y derechos orientadores que permitan lograr ese objetivo, como lo pueden ser el ya mencionado derecho humano al agua, el derecho a la participación en asuntos ambientales, la justicia ambiental o una concepción del buen vivir basado en la cosmovisión de los pueblos originarios, entre otros.  

 

Esto no es para nada dicotómico con las propuestas de fortalecer al Estado desde la      Constitución o posteriormente elaborar mejores leyes para dar cumplimiento a estos principios y garantizar los derechos. Es más, se requiere de un Estado distinto con mayores capacidades para respaldar una Constitución más ambiciosa. Sin duda será un aporte contar con un Ministerio de Medio Ambiente que no se encuentre ni política ni administrativamente subordinado a la voluntad de otros Ministerios, o terminar con el monopolio del Poder Ejecutivo para dictar nuevas normas ambientales, ambas situaciones que hoy restringen la capacidad estatal para hacer cumplir el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Así como estas hay muchas más iniciativas que le pueden dar forma a un nuevo entramado institucional que esté orientado hacia un desenvolvimiento armónico entre sociedad y ecosistemas. Pero lo que no se puede perder de vista es que no se puede repetir la fórmula de los gobiernos post dictadura, en la cual la política ambiental parece ser un apéndice accesorio de la política del resto del Estado, orientada solo a corregir los excesos del mercado. 

 

El mensaje presidencial de Patricio Aylwin Azocar que da origen a la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en uno de sus pasajes donde se describe la fundamentación que inspira el proyecto señala que “(...)el​ proyecto entra a regular una serie de intereses en conflicto. Es más, en muchas ocasiones, todos ellos garantizados en la propia Constitución. Sin embargo, se da preeminencia al hecho que ninguna actividad por legítima que sea puede desenvolverse a costa del medio ambiente. Ello importa una nueva visión de la gestión productiva, que deberá ser desarrollada por las empresas​” (BCN, 2018, p, 8).     

     

En otro apartado donde se profundiza en el contexto dentro del cual se elabora esta ley se agrega que “una​ parte de los problemas ambientales graves que enfrentamos, tanto en el campo como en la ciudad, se origina en la situación de pobreza y miseria en que viven un importante grupo de chilenos. Ello determina que la degradación de las condiciones económico sociales, sumada al deterioro del ambiente, nos coloque en un círculo vicioso de marginación pobreza deterioro ambiental enfermedad y miseria”(BCN, 2018, p, 4).    

     

Ambas citas que son parte de la fundamentación de la Ley N° 19.300 son contradictorias con la realidad que esta misma permitió. La sola existencia en nuestro país de comunidades que identifican a sus propios territorios como zonas de sacrificio es una muestra de ello. Esto nos habla de la importancia de vincular principios y declaraciones, con una legislación que los refleje y a su vez con las consecuencias que efectivamente esta tenga al momento de su implementación.  

 

Puede que haya quienes identifican esto como un problema que deben abordar “los expertos”, quienes saben de leyes, y claro que se necesitará en este proceso de los conocimientos de mentes creativas para responder las preguntas difíciles que impone la voluntad de cambio de la ciudadanía chilena. Por ejemplo ¿cómo logramos gestionar de forma armónica con los ecosistemas una cuenca, cuando la componen múltiples comunas con sus propias administraciones, con instrumentos de planificación territorial ambientalmente débiles y fragmentados, con atribuciones para la gestión del territorio repartidas en múltiples órganos? Pero en el fondo se trata de un problema de la democracia que construimos, en la cual el protagonismo popular y la expresión de sus intereses no dejen espacio para las letras chicas ni segundas intenciones. Justamente la riqueza de este proceso ha estado en el surgimiento de una inédita cultura constituyente en Chile, que por primera vez se ha propuesto darse una Carta Magna elaborada íntegramente de forma democrática. Sería un error reducir esta discusión exclusivamente a un tema técnico excluyendo esta nueva forma de hacer política. 

 

Se trata entonces de un esfuerzo de largo aliento, durante el cual deben ir madurando tanto las ideas que le den forma a este nuevo Chile, como también las fuerzas políticas y sociales que impulsen estas transformaciones. La nueva constitución debe facilitar y acompañar este proceso, dando en los años venideros espacio para la evaluación y ajuste de los avances. Eso exige, entonces, que la nueva Constitución y la legislación que de esta se desprenda, promueva, respete y mantenga viva esta cultura constituyente, dándole forma a un Estado abierto al cambio y a la democracia participativa.  

 

En materia medioambiental, ya desde la Declaración de Río de 1992 se reconoce la importancia de la participación ciudadana y del acceso a la información ambiental para tratar las materias ambientales de mejor manera, y el Tratado de Escazú de 2018, el cual lamentablemente el gobierno chileno se niega a ratificar, profundiza en esto, teniendo entre sus objetivos “garantizar​ el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados​”.     

 

Así, la idea de una democracia con mayor protagonismo de las comunidades, inspirada por estos principios internacionalmente reconocidos, ha sido parte del ideario de quienes luchan por proteger sus territorios y resisten a los embates de las élites que los buscan depredar, por lo cual cuentan con una valiosa experiencia para aportar en este largo proceso constituyente, haciendo del ejercicio de una participación vinculante una regla a la que debemos acostumbrarnos, dejando atrás la participación entendida como un trámite de consulta y volviendo a creer que podemos llevar las riendas de todos nuestros asuntos. 

 

Seguramente las voces conservadoras que han sostenido por décadas las condiciones de exclusión política que permiten el orden neoliberal chileno, seguirán sosteniendo que todo esto no es más que la puerta de entrada al caos y la inestabilidad. La actual ilusión de estabilidad en la que vivimos se ha sostenido a costa de exclusión política y represión de quienes amenacen el orden hegemónico con ideas de transformación o simplemente por negarse a aceptar lo que otros han decidido para ellas y ellos. Bien lo saben las comunidades en resistencia por la defensa de sus territorios que deben sufrir de intervención, clientelismo y hasta la persecución de luchadoras y luchadores sociales que incluso ha llevado a la muerte.  

 

Una nueva Constitución, o más bien el proceso constituyente, es a fin de cuentas, la posibilidad de construir un orden legítimo, donde la paz no sea resultado de un acuerdo “por​ arriba​” en el cual unos pocos se benefician y las mayorías pagan los costos, sino que provenga del constante ejercicio político y articulación de intereses diversos “​desde abajo​” y sin exclusiones, que permita que en cada territorio, en cada cuenca, quienes la habitan tengan la capacidad soberana de decidir cómo vivir sus vidas.

 

Referencias bibliográficas 


Biblioteca del Congreso Nacional (2018). Historia de la Ley 19.300, aprueba la Ley General sobre Bases del Medio Ambiente. Disponible en: https://www.bcn.cl/historiadelaley/fileadmin/file_ley/6910/HLD_6910_d556986615363a7d4d5d495527a4588c.pdf