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Constitución feminista

— Antonia Atria

Antonia Atria

Estudiante de Sociología Universidad de Chile

Senadora Universitaria Universidad de Chile

Militante del Frente Feminista de RD e integrante de la Asamblea Feminista Plurinacional

cuando hablamos de una Constitución Feminista hablamos de una que ponga, como principio orientador de las instituciones y de nuestro modelo de desarrollo, el cuidado, sin dejar al albedrío del mercado aquello necesario para que vivamos vidas dignas. Este principio orientador es un criterio que, además, resguarda a todos aquellos grupos que son marginados en las lógicas mercantiles.

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Un proceso constituyente se abrió gracias a la movilización social. Resulta curioso que, a pesar de que la movilización irrumpió por un alza en la tarifa del metro, finalmente, desembocó en un cambio constitucional. 

La explicación de ello está en que el conflicto no es sólo la expresión de un malestar económico, pues también expresa un malestar respecto a la distribución del poder político y manifiesta la profunda crisis de representación por la que atraviesan nuestras instituciones. Por eso, quienes protestan además de querer acabar con la desigualdad, buscan ser reconocidos: terminar con el abuso y tener vidas dignas. 

La exigencia de una mejor distribución de la riqueza, evidencia que la distribución actual no es sólo una diferencia inofensiva entre grupos, sino que la riqueza de unos se logra en perjuicio de una amplia mayoría, y en esta confrontación, la política ha sido incapaz de escuchar y resolver este malestar. 

La respuesta a la doble demanda del conflicto, de distribución y de reconocimiento, debe ser desde el feminismo. Sin entenderlo como una agenda mujerista, que se hace cargo de una especie de lista de supermercado de reformas, sino como un proyecto transformador, que se inaugura, pero no culmina, con una nueva Constitución. 

 

Distribución y Reconocimiento: Dos caras de la misma crisis

La transición fijó el modelo neoliberal en nuestras instituciones y le dio estabilidad mediante la consolidación del Estado Subsidiario, que sólo cubre aquel mínimo que el mercado es incapaz de entregar por sus propias lógicas. La aparente paradoja de un país exitoso según las estadísticas económicas – pues había crecido, incrementó su movilidad social, logró mayor acceso a servicios y bienes – pero a la vez sumido en una profunda crisis social y política, se debe a que esa mejora económica era sólo una apariencia. 

 

Bajo este sistema neoliberal, donde predomina la lógica mercantil, los derechos sociales son accesibles para quienes pueden pagarlos, y el Estado Subsidiario, en lugar de garantizarlos, se ocupa de asegurar que unos pocos puedan hacer negocios con ellos. De esta forma, si bien la economía creció no trajo mejoras en cuanto al igual goce de derechos sociales.    

 

Las familias consideradas de esta “nueva” clase media no tienen una posición efectivamente consolidada, sino que viven con la incertidumbre de volver a caer en la pobreza: una enfermedad puede significarle a una familia altas deudas por el tratamiento, o el trabajo de toda una vida se refleja en una vejez de miseria por pensiones inhumanas. Todo eso mientras las isapres y las AFP tienen ganancias millonarias. 

Las diversas movilizaciones, de las cuales la estudiantil del 2011 marca un punto de inflexión, son una expresión del malestar que significa esta incertidumbre. Tanto esta como las movilizaciones masivas que le siguieron (como No+AFP y el movimiento feminista) fueron sucesivamente ignoradas, en el sentido de que no fueron plasmadas en transformaciones sustantivas. Esto evidenció la falta de poder de las masas para hacer efectivas sus demandas y la imposibilidad por parte de las instituciones de escucharlas. 

 

La capacidad de las personas de exigir derechos es, según Honneth “la posibilidad de concebir su obrar como una exteriorización, respetada por todos, de la propia autonomía”, por lo que “pueden concebirse como signos anónimos de un respeto social.” (1997, p. 145). Entonces la posibilidad de reclamar ciertos servicios o bienes como derechos, es manifestar que las personas se merecen algo por el simple hecho de ser personas, y en ese sentido, ese reclamo es constitutivo de la dignidad humana, es la exteriorización de la autonomía de los individuos y de su poder político. Por eso, el que las movilizaciones hayan sido ignoradas y no hayan producido transformaciones institucionales debilita la idea del control popular de las instituciones mediante la democracia representativa. 

Cabe destacar, que estas demandas no son sólo ignoradas, sino que son tratadas con desdén por parte de “la clase política”, con declaraciones que se burlan y aminoran  aquel malestar. Así se mostró cuando Marcela Cubillos (ex Ministra de Educación) manifestó, respecto a la movilización de los profesores, “no permitiré que me sigan usando como una excusa para no volver a trabajar”. También cuando el entonces Ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, refiriéndose al alza de la tarifa del metro, sugirió que las personas debían levantarse más temprano para tener una tarifa más baja; o cuando la ex Ministra de la Mujer, Isabel Pla, declaró que la marcha del 8M estaba cooptada por partidos políticos, pues son demandas que “exceden los temas de mujeres”. 

En este escenario, lo que se vive como “abuso” y de lo que el pueblo ya se cansó, es de la desigual distribución de la riqueza y la falta de reconocimiento, no sólo por la existencia de desigualdades en el acceso a derechos, sino porque su malestar y correspondientes exigencias han sido menospreciadas e ignoradas por “la política”.

La Constitución Feminista

El feminismo, como proyecto político y no como petitorio, como perspectiva y no como agenda, ha visto y advertido esto desde antes, y nos orienta, como una brújula, hacia la construcción de un nuevo modelo social. Y, si bien, la constitución no es el lugar donde se plasma un sistema de salud, de educación o de pensiones dignas para todos y todas, sino que es el lugar donde sentamos las bases de una institucionalidad que permita construir ese anhelo. ¿Por qué este sueño se plasmaría mejor en una constitución feminista? ¿Qué quiere decir?

Estamos atravesando la crisis del neoliberalismo, sin entenderlo sólo como un sistema económico, sino un orden social institucionalizado que abarca, precisamente, el área distributiva, de las cuales surgen las desigualdades económicas, así como también una dimensión de reconocimiento. La pretensión de la Constitución del 80’, de instalar un neoliberalismo que entrega al mercado cuestiones primordiales, como el acceso a derechos básicos para el pleno desarrollo de las personas, convirtiendo instituciones que supuestamente deberían estar al servicio de la ciudadanía en instrumentos de los mercados, ha llevado a la crisis que vivimos hoy. Ante este diagnóstico, el feminismo se vuelve una respuesta. Lo que se ha instalado, es la evolución del clivaje del siglo XX entre capital y trabajo, hoy se trata del capital contra la vida. 

El Nuevo Principio Orientador de Nuestra Nueva Constitución: Un Estado que ponga en el centro la Vida Digna.

La actual Constitución se plantea claramente a un lado de este clivaje. Se demuestra precisamente por lo que mencionábamos antes: el rol subsidiario del Estado lo limita a la función de asegurar que los privados puedan hacer negocios con nuestros derechos. En ese sentido, el supuesto derecho a la  salud solo resguarda que las personas puedan elegir entre sistemas privados o públicos, pero no asegura su efectivo acceso; en la educación prioriza que privados puedan abrir colegios, estableciendo así un sistema segregado en lugar de un sistema integrado; en las pensiones resguarda el sistema previsional actual, y un largo etcétera.

A las mujeres se nos ha impuesto hacernos cargo de la reproducción social, es decir, ese trabajo invisible que comprende todas aquellas “actividades que sustentan a los seres humanos como seres sociales y encarnados, que no solo necesitan comer y dormir, sino también criar a sus hijxs, preocuparse de sus familias y sostener a sus comunidades” (Fraser et al, 2019, p. 99). Debido a esto, vivimos en carne propia lo que el avance del capital significa para la vida. En el sistema neoliberal, la reproducción social entra en crisis. El capital tiene el objetivo de aumentar las ganancias, y las personas harán todo lo posible por llevar una vida significativa y digna. Para Fraser et al, “estos son objetivos inconciliables, ya que la cuota de acumulación capitalista sólo puede aumentar a expensas de nuestra cuota de participación en la vida de sociedad” (2019, p. 103). 

El feminismo, al reclamar que las mujeres no debemos hacernos cargo de los cuidados, precisamente exige que la reproducción social se entienda como labores que se asumen colectivamente, lo que implica alterar el rol que cumple nuestro Estado y nuestras instituciones. Por eso, cuando hablamos de una Constitución Feminista hablamos de una que ponga, como principio orientador de las instituciones y de nuestro modelo de desarrollo, el cuidado, sin dejar al albedrío del mercado aquello necesario para que vivamos vidas dignas. Este principio orientador es un criterio que, además, resguarda a todos aquellos grupos que son marginados en las lógicas mercantiles. Esto no se remite tan sólo a los derechos sociales, sino también, por ejemplo, al cuidado del ambiente, el que vinculado a la garantía de vidas dignas no puede quedar sujeto a la explotación mercantil.

Una Nueva Democracia: Aporte del Feminismo a la Construcción y el Ejercicio del Poder.

Pero además de esto, el feminismo también es una respuesta política a la crisis de representación que atraviesan nuestras instituciones. De hecho, el movimiento feminista fue el primero en advertir la incapacidad de las instituciones para procesar las demandas del pueblo movilizado. Primero, fue durante la lucha por la democracia, donde las feministas de la época decían: “no hay democracia sin feminismo”. Pero, tal como sostiene Kirkwood (2010) la idea predominante de ese período era la “liberación global” cuyo protagonista era el proletariado, siendo entonces un proyecto que cierra sus filas en torno a su unidad y excluye “tajantemente la incorporación de nuevas dudas, de nuevos temas, de nuevas reivindicaciones” (2010, p. 139), entre ellas, las feministas. Las demandas de las mujeres son relegadas a un segundo plano y se dice en ese momento, que la democracia traerá liberación para todos. A pesar de que un grupo de feministas continuaron argumentando que la opresión femenina tiene un carácter particular a la opresión de clase, que adelanta reflexiones en torno al reconocimiento, siguieron sin ser escuchadas. 

Así, en este movimiento, se construye y fortalece una posición muy crítica a las instituciones políticas – que son, por excelencia, los partidos – y que hoy experimentamos de forma más general. En ese sentido, las movilizaciones feministas del 2018 y del 2019 fueron un precedente del desencanto institucional que se generalizó en la revuelta popular. De hecho, la del 2018 fue una movilización que renegó de la institucionalidad que el propio movimiento estudiantil se había dado, y se instalaron “vocerías” que reemplazaron el rol que cumplían las federaciones o la CONFECH. 

El feminismo, al entenderse como una lucha política desde las diversas interseccionalidades que viven las mujeres, tiene la particular capacidad de articular luchas, y poner en el centro la reivindicación de aquellas identidades que son marginadas de las relaciones de poder, como por ejemplo, identidades de la diversidad sexual, racializadas, étnicas, de zonas ambientales precarizadas, migrantes, solo por nombrar algunas. 

Desde esa posición, el feminismo es un proyecto político de profundización y radicalización democrática, que busca hacer más permeable a las instituciones a las demandas del pueblo. La paridad es un ejemplo de ello. Es incluir a mujeres, en igualdad de condiciones, a aquellos espacios de decisión de las que hemos sido marginadas históricamente. Eso mismo debe ocurrir respecto a los escaños reservados para los pueblos originarios, o la cuota de discapacidad, u otras que se levanten. Es una manera de inaugurar una nueva política incluyendo, desde su inicio, voces marginadas. En ese sentido, permite una política inaugurada desde el reconocimiento de estos grupos. 

Esta debe ser la perspectiva desde la que pensemos nuestra nueva Constitución. Una que ponga la vida digna en el centro, incluyendo aquellos grupos oprimidos o marginados y que profundice la democracia haciendo más permeable nuestras instituciones a las demandas de diversos sectores. Desde esa base, podemos construir en conjunto y en colectivo, el país que soñamos. 

 

Referencias bibliográficas

Honneth, A. (1997). La Lucha por el Reconocimiento: Por una Gramática Moral de los Conflictos Sociales. Barcelona: Crítica.

 

Kirkwood, J. (2010). Ser Política en Chile: Las Feministas y los partidos. LOM.

Fraser, N., Arruzza, C., Bhattacharya, T. (2019). Feminismo para el 99%: Un Manifiesto.