La revuelta popular del 18 de octubre de 2019 marcó el inicio de una coyuntura histórica que revolucionó la agenda política, económica y social de Chile. Tras años de progresivo cuestionamiento, un segmento significativo de la población chilena puso en tela de juicio las definiciones que caracterizaron a la “transición democrática” chilena. Así, desde el punto de vista del sistema político, la impopularidad de éste marcó nuevos records en las encuestas. En materia económica, la desigualdad generada por la fórmula neoliberal basada en el libre mercado, estuvo en el centro de las críticas. Por último, se desató la ira contra las políticas de seguridad social, especialmente el sistema de pensiones, producto de su incapacidad de cumplir sus objetivos. El posterior desarrollo de la crisis sanitaria mundial provocada por el coronavirus, no hizo más que ratificar estas opiniones críticas. El carácter global de la crisis que estalló a partir de la revuelta de octubre se resumió en el clamor popular que terminó imponiendo el plebiscito que permitirá, en octubre de 2020, optar entre la redacción de una nueva Constitución o la mantención de la actual Carta Fundamental.

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En este contexto, una problemática que emerge cada cierto tiempo en la agenda nacional se refiere a un aspecto crucial: el papel de las Fuerzas Armadas y de Orden en la sociedad chilena. Desde el fin de la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet, los institutos castrenses no han dejado de ser protagonistas de la realidad nacional. Durante la década de 1990, aún siendo el dictador Pinochet Comandante en Jefe del Ejército, fueron abiertamente deliberantes y actuaron como dique de contención ante cualquier amago de reforma política, social o económica. Asimismo, negociaron con los gobiernos de Aylwin y Frei los casos de violaciones a los derechos humanos. Más tarde, tras la súbita desaparición de Pinochet como actor político relevante, los militares llevaron a cabo un proceso de profesionalización y supuesta subordinación al poder civil. El avance –no sin tropiezos- de la justicia en caso de los perpetradores de los crímenes contra los derechos humanos, parecía confirmar el compromiso democrático de los organismos castrenses. Asimismo, en 2005 se realizaron reformas constitucionales que restaron el poder de veto de las Fuerzas Armadas sobre el poder civil (Fuentes, 2012). 

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Sin embargo, los últimos años han demostrado que la autonomía castrense sigue vigente, ahora expresada en los vergonzosos casos de corrupción del alto mando de algunas de las ramas castrenses y de orden. El caso conocido como “milicogate”, que salió a la luz pública el año 2015, reveló cuantiosos fraudes al fisco y derivó en el procesamiento de excomandantes en jefe del ejército y el procesamiento de otros altos oficiales castrenses. (Weibel, 2015). Al año siguiente estalló el “pacogate”, definido por los especialistas como el más grande fraude al fisco en la historia de Chile, realizado por oficiales pertenecientes a Carabineros de Chile (Weibel, 2018).

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Por su parte, el brutal accionar represivo de Carabineros en el conflicto mapuche y durante la revuelta de octubre, nuevamente ha puesto en el tapete el peor rostro de los uniformados ante el pueblo chileno. José Miguel Insulza, alto expersonero de los gobiernos de la Concertación, reconoció en 2018, que “durante 30 años la policía se ha mandado sola”. Además, que era fundamental modificar “la relación de la policía uniformada con el poder civil, ya que la ley orgánica de Carabineros no dice que la institución esté subordinada al Presidente ni al Ministro del Interior. (Pauta, 2018).

 

Por último, episodios supuestamente anecdóticos, pero cargados de simbolismo, demuestran el compromiso de los altos mandos castrenses con el legado pinochetista. La estatua del almirante José Toribio Medina en Valparaíso, la foto de Manuel Contreras Sepúlveda en dependencias del Ejército o el intento de nombrar a Rodolfo Stange a la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros, son solo algunos botones de muestra de esta situación. En este sentido, así como la “transición” chilena se caracterizó por la continuidad jurídica, económica y social de la dictadura durante la “nueva democracia”, a 30 años de finalizado el gobierno de facto, resultan evidentes las continuidades de este en el ámbito castrense. 

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Ante esta evidencia, desde hace algunos años las propuestas sobre la función y el papel de las Fuerzas Armadas en el país no han estado en el centro de gravedad de las fuerzas de izquierdas. Al igual que otras áreas definidas como “intocables” por el pacto transicional, las instituciones armadas han logrado continuidad de sus privilegios derivados de la autonomía castrense que heredaron de Pinochet. Debilitadas por la modalidad pactada que tuvo el término de la dictadura, las fuerzas de izquierda vieron opacadas sus propuestas de transformación de las fuerzas armadas bajo un régimen verdaderamente democrático. En el caso del Partido Comunista de Chile, que había desarrollado una profunda reflexión política y teórica durante la dictadura sobre el nuevo papel que deberían jugar los uniformados una vez recuperada la democracia, su voz fue opacada bajo el fuego cruzado de las acusaciones de ser partidarios de la violencia y realizar propuestas que rompían la lógica gradualista de la postdictadura chilena. De esta manera, la discusión sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la nueva democracia chilena, al igual que otras esferas, se limitó a la “medida de lo posible”.

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A la luz del actual proceso que vive Chile, es interesante examinar la política militar que desarrolló el Partido Comunista durante la dictadura. Corrientemente vinculada a la conformación y accionar del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que realizó audaces operaciones contra el régimen, la política militar de los comunistas chilenos contempló una arista –menos conocida- referida a las Fuerzas Armadas. 

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Luego del golpe de Estado de 1973, las distintas fuerzas de izquierda que integraban la coalición de la Unidad Popular que había llevado a Salvador Allende a la primera magistratura del país, entraron en una crisis integral. En el caso del Partido Comunista de Chile, uno de los principales promotores de la vía gradualista e institucional representada por el proyecto de la Unidad Popular, las críticas no se dejaron esperar. Desde sus aliados en los países del socialismo real, la conclusión sobre la caída de Allende era que “toda revolución debe saber defenderse”. Asimismo, voces internas comenzaron a recalcar que la colectividad había asumido acríticamente la ilusión de que las Fuerzas Armadas chilenas se mantendrían al margen del conflicto de clases en Chile. Obnubilados por el papel que algunos uniformados tuvieron durante el gobierno de la Unidad Popular, simbolizados por el general Carlos Prats, el Partido Comunista reconoció que no había contemplado de manera global la cuestión de lo militar en la política. En otras palabras, el traumático fin de la Unidad Popular sembró las primeras preguntas sobre lo militar y los militares en el diseño político de la izquierda chilena.

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Así, pocos meses después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, un grupo de militantes del PC comenzaron a investigar el papel de las Fuerzas Armadas en el proceso político chileno. En este contexto, Patricio Palma, exdirector de DIRINCO durante el gobierno de Salvador Allende, desarrolló el siguiente planteamiento. Partía de la tesis de Karl Marx en su conocido trabajo El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Según el pensador de origen germano, en los procesos revolucionarios contra el Estado burgués, la intervención militar había adoptado dos vías: convertirse en vehículo revolucionario o, por el contrario, ser la última línea de defensa del orden burgués. Palma analizó bajo esta óptica el caso de las fuerzas armadas latinoamericanas, concluyendo que la intervención militar que derribó la administración de Salvador Allende no era inevitable. Por el contrario, el problema radicaba en que el campo revolucionario no habría logrado una ecuación político-militar que evitara que los institutos castrenses se volcaran al campo golpista. Por lo tanto, la derrota de la “revolución chilena” no había pasado por el problema físico de las armas. Se partía de la premisa de que las Fuerzas Armadas chilenas, altamente profesionales, no eran el débil ejército de Fulgencio Batista en Cuba. Por lo tanto, se descartaba el enfrentamiento armado con ellas. Según Palma, la derrota de la Unidad Popular habría sido producto de que las fuerzas del gobierno no aprovecharon los coyunturales momentos político-militares favorables que tuvo. En sus palabras, la Unidad Popular no fue capaz de fortalecer la “acumulación de la superioridad militar (…) a través de medios y métodos políticos (en el sentido de no-armados) de lucha” (Rojas, 1978).

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Derivado de este planteamiento, se proponía que la caída de la dictadura cívico-militar de Pinochet fuera gatillada por un proceso de “diferenciación” generado por la movilización popular del pueblo. Aislado el sector más recalcitrante del pinochetismo, se podría producir una correlación de fuerzas militares capaz de hacer caer al régimen. Así, a través de la combinación de las formas de lucha (movilización social del pueblo, la inhibición de la adhesión al dictador en las Fuerzas Armadas y el accionar de destacamentos armados que apoyaran la movilización popular), el Partido Comunista estimaba posible derrocar la dictadura. Años más tarde, hacia fines de 1984, este diseño insurreccional fue denominado “sublevación popular”. De esta forma, la integración del componente militar en la política del Partido Comunista implicó intentar resolver el problema del papel de las Fuerzas Armadas dentro de los procesos de cambio social y político que se vivían en ese entonces.

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Cuando la dictadura terminaba, el Partido Comunista, al igual que el resto del conjunto del sistema político chileno, formuló su concepción sobre las Fuerzas Armadas para la nueva democracia chilena. En primer lugar, se partía de la consideración que estas no debían remitirse a una “vuelta a los cuarteles” o tener un carácter supuestamente neutral y/o apolítico. Para los comunistas, los institutos castrenses debían colocar “en el centro de su nueva doctrina la defensa irrestricta de una democracia real”. Es decir, la democratización de las Fuerzas Armadas –propuesta que levantó polvareda a fines de la década de 1980- implicaba que los uniformados se comprometieran con las normas y principios de la democracia (Delfín, 1989).

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Para lograr este objetivo, el PC señalaba que lo fundamental era renovar la doctrina de las Fuerzas Armadas, representada por la Doctrina de la Seguridad Nacional. Basada en la concepción del “enemigo interno”, esta doctrina había formado a generaciones de uniformados latinoamericanos que posteriormente protagonizaron golpes de Estado y masivas violaciones de los derechos humanos en el continente. Como es sabido, la Constitución de 1980 otorgaba rango constitucional a estos planteamientos, al designar a las Fuerzas Armadas como “garantes de la institucionalidad”. Este planteamiento implicaba otorgar rango constitucional al carácter deliberante de las Fuerzas Armadas, las que podían determinar de manera autónoma el momento en que debían intervenir en la política nacional, si es que consideraban que estaba en peligro la institucionalidad de la dictadura. Así, se sellaba el cerrojo para impedir modificar el legado del pinochetismo.

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A contrapelo de la “democracia de baja intensidad” que representaba la salida pactada de la dictadura, el PC proponía algunas medidas indispensables y nuevos ejes doctrinarios. Entre las primeras, destacaba abrir el acceso a las escuelas matrices de los cuerpos armados, “sin cortapisas de orden económico, ideológico, religioso y menos de índole social. La educación militar debe ser gratuita”. Asimismo, establecer una serie de derechos, tales como la participación en organizaciones sociales y manifestaciones no reñidas con la vida democrática; derecho a la plena libertad para contraer matrimonios; al descanso; a representar a sus mandos inquietudes y reivindicaciones, entre otras (Partido Comunista de Chile, 1989).

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Desde el punto de vista de los ejes doctrinarios, los planteamientos comunistas se resumían en tres puntos. Primero, el carácter antiimperialista de la nueva doctrina. Esto implicaba establecer que la función primordial de los institutos castrenses era resguardar la soberanía nacional en el ámbito geo-económico. Además, desalinearla de la tutela norteamericana en todos los planos (política exterior, renovación del material de guerra, etc.), destruyendo “los fundamentos materiales de la Doctrina de Seguridad Nacional”. (Palma, 1979) El segundo planteamiento se enfocaba en el carácter popular de la nueva doctrina castrense, cuyo núcleo debía basarse en que la soberanía residía en el pueblo. En otras palabras, se proponía que la tarea principal de las Fuerzas Armadas debía ser “garantizar el ejercicio popular de la soberanía”. De esta manera, el PC planteaba integrar a los militares en las tareas del desarrollo nacional, evitando que se convirtieran en un compartimiento estanco ajeno a la sociedad. Por último, el tercer eje de la nueva doctrina castrense debía estar constituido por unas fuerzas armadas democráticas, respetuosas de los procesos impulsados por la mayoría de la nación. Estos elementos darían paso a una concepción de un Sistema Democrático de Defensa, cuyo principio estaría en la existencia de unas instituciones profesionales, técnica y materialmente bien equipadas, y unidas a la sociedad civil por medio de una doctrina respetuosa de la voluntad soberana del pueblo. (Delfín, 1989).

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En un contexto histórico en que existen condiciones para poner en discusión aspectos estructurales del orden institucional chileno, repensar el sentido, la formación y el papel de las Fuerzas Armadas en Chile tendrá que estar entre los puntos centrales a debatir. Como lo muestra la historia de nuestro país, desatender a estas materias, naturalizando el supuesto papel neutral y apolítico de los cuerpos armados, tuvo un altísimo costo para el pueblo chileno. Los proyectos políticos y sociales que tienen como objetivo llevar a cabo procesos transformadores, requieren una reflexión sobre la dimensión militar de sus proyectos, en el sentido del papel que cumplirán los organismos castrenses en la consecución de sus objetivos.

 

Referencias bibliográficas

Álvarez, R. (2019).  Hijos e hijas de la Rebelión. Una historia política y social del Partido Comunista de Chile, 1990-2000, Lom Ediciones.

Delfín, F. (1989). “Los comunistas y las FF.AA.”, Principios n°52, enero-abril de 1989.

Fuentes, C. (2012). El pacto. Poder, Constitución y prácticas políticas en Chile (1990-2010), Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales.

Palma, P. (1979). “Hacia una doctrina militar democrática”, Boletín del Exterior. Partido Comunista de Chile n°35, mayo-junio de 1979. p.99.

Partido Comunista de Chile. Hacia el XV Congreso Nacional (1989), “Informe al pleno del Comité Central del Partido Comunista de Chile”.

Pauta (2018). [En línea]:  <https://www.pauta.cl/nacional/durante-30-anos-la-policia-se-ha-mandado-sola> [Consulta: 01 de noviembre de 2020]. 

Rojas, S. (seudónimo Patricio Palma) (1980). “La relación entre línea política y la política militar del movimiento popular”, Boletín del Exterior. Partido Comunista de Chile n°44, noviembre-diciembre, pp. 62-78.

Weibel, M. (2015). “Milicogate: El gran robo del fondo reservado del cobre”. [En línea]:<https://www.theclinic.cl/2015/08/13/milicogate-el-gran-robo-del-fondo-reservado-del-cobre/> [Consulta: 01 de noviembre de 2020].

Weibel, M. (2018).  Ni orden ni patria: La trama secreta del "Pacogate" el mayor fraude fiscal en la historia de Chile. Penguin Random House Grupo Editorial Chile.