Con ello podemos sostener que todas las contradicciones se manifiestan en el territorio y en el ambiente, como también se manifiestan en los cuerpos. La opresión y la explotación de clase tienen una arista marcadamente geográfica, física y en la relación seres humanos/naturaleza. Eso es lo que tiene de importante el entender la crisis ambiental como una crisis estructural, sistémica y, como se ha dicho, civilizatoria. Hay un antes y un después de la situación política ambiental que estamos viviendo y que, con la pandemia, deja de manifiesto la primera gran crisis global del capitalismo como lo conocemos hasta hoy día, como esta expansión infinita de la transformación del capital naturaleza en mercancía, porque precisamente, como ya se decía en los años 70 a partir de las primeras cumbres mundiales por el medio ambiente, el planeta tiene un límite. 

 

En este sentido, como segundo desafío en el proceso constituyente que estamos viviendo, debemos preguntarnos, ¿cómo esta nueva Constitución se hace cargo de los problemas sociales, políticos, económicos y ecológicos que está generando esta crisis del capital en su relación con la naturaleza?, ¿Esta Constitución asegurará o no las posibilidades de vivir en este país en las próximas décadas para las generaciones futuras?, y, en este sentido: ¿Seguimos igual o damos un giro a la protección ambiental por sobre la generación de capital a partir de la mercantilización de la naturaleza?

 

Por ende, lo que aporta la crisis ambiental, tanto en los territorios como en el mundo, es la percepción planetaria de la política, es decir, la percepción que todo lo que decidamos, hagamos o cambiemos tiene consecuencias a escala global, donde, por supuesto, están las determinaciones que estamos obligados a tomar en el próximo órgano constituyente (o convención constitucional). La discusión sobre el horizonte político estratégico que tiene defender y recuperar los bienes comunes (agua, tierra, mar, minerales y fiordos), es de manifiesto la principal tarea para este momento histórico, pues sin estos bienes, que son “comunes” porque les sirven a las y los seres humanos, pero también a otras especies animales y vegetales, no podremos asegurar la vida en este país en las próximas décadas. Esto hace del ambiente un tema muy relevante a discutir en la próxima Constitución.  

 

En este sentido, políticamente entendemos que la agenda que se ha levantado desde los movimientos y organizaciones sociales, como también desde los partidos de oposición, buscan posicionar fuertemente el discurso de la defensa y la recuperación de los derechos sociales, pero falta el impulso de la agenda por la recuperación y la defensa de los bienes comunes, es decir, bienes que cumplen funciones más allá de las prestaciones que sacan los seres humanos en Chile, en cada territorio. Se requiere sobrepasar esa vieja percepción “economicista” de ver a la naturaleza como recursos naturales y como una mercancía que se exporta como materia prima, en un modelo extractivista extremo y sin soberanía, en el país con más Tratados de Libre Comercio del mundo. En este sentido, otro desafío muy relevante es disputar la eco-dependencia que tenemos los seres humanos sobre los bienes comunes como el agua, los mares o la tierra, que hoy se encuentran acaparados, explotados y profundamente degradados, hasta el punto de estar viviendo una de las sequías más grandes de la historia de Chile o la pérdida irreparable de especies en los mares y bosques. En la práctica el modelo económico chileno hipotecó la posibilidad de la existencia de este país en los próximos siglos, y esa es una tarea relevante desde el punto de vista de la disputa política en la nueva Constitución.

 

Por otro lado, uno de los mecanismos políticos que pudieran ayudar en esta labor es la disputa de la administración y la gestión territorial del Estado, descentralizando y desconcentrando el poder para socializarlo y aumentar las capacidades autonómicas para administrar la crisis ambiental y sus soluciones. En Chile, por ejemplo, tenemos diversos biomas que marcan nuestra cultura, nuestra economía y la forma de hacer política. Organizan la vida de las personas, pero sin ser reconocidos necesariamente por este Estado profundamente autoritario, centralizado y presidencialista. Los biomas como el desierto, la depresión intermedia, las extensas costas, los bosques, cordones montañosos y los fiordos son espacios geográficos que debieran organizar el territorio, localizando el poder y la toma de decisiones, con autonomía y con presupuesto propio, territorializado y solidario, que permita construir un país distinto, con base en sus cuencas, en sus islas, en sus ciudades, campos y oasis desérticos que sean la columna vertebral de la política. 

 

La disputa del sistema político administrativo del territorio plurinacional tiene que representar la realidad ambiental de las comunidades que lo componen. Superar las regiones aquí es crucial, incluso, incorporando la noción de Estados Autonómicos o regiones autónomas, que a su vez reorganicen el territorio en su interior, es decir, creando pequeños estados o cordones administrativos que representen la realidad local del mismo. Deberían, en este sentido, aparecer cordones administrativos en el altiplano, la costa, las cuencas, los cordones montañosos, las grandes ciudades, las provincias, los archipiélagos, las zonas aisladas y periféricas, el mundo rural y las zonas especiales con autonomía. Así como se debería derribar la idea de unidad nacional por la plurinacionalidad, que es sumamente necesaria, desmembrando el territorio nacional por un territorio pluriregional, de división diversa pero que tienda a la articulación y no a la fragmentación. En la práctica, esto quiere decir que necesitamos otro tipo de regiones o Estados, organizados según nuestra geografía y nuestra realidad territorial, como las que describimos más arriba, pero donde el ambiente no sea el telón de fondo sino el protagonista de la política. 

 

En el próximo órgano constituyente se debería debatir fuertemente sobre las condiciones climáticas y la relación territorial-global, es decir, de comprender a Chile no como un país aislado en sí mismo, sino como un eje articulador y generador de compromisos globales, por ejemplo, participando de los desafíos regionales con nuestros países vecinos, comprendiendo el territorio más allá de las fronteras físicas. Esto es clave para posicionar al país como un “buen vecino” con el continente, pensando en América Latina como una sola ecoregión, donde cada problema que se genera nos afecta a todas y todos, no como un cúmulo de compartimentos estanco, sin relación alguna. No podemos mejorar las condiciones de vida de nadie en este país sino conectamos de mejor manera con el resto del continente, un eje de relevancia energético, hídrico, migratorio y del cuidado ambiental. Es relevante en esta próxima Constitución defender los horizontes de la eco-dependencia y la inter-dependencia, entre territorios y regiones, entre países, entre géneros, entre comunidades y pueblos. Aquí estaremos hablando de un paso en concreto y no de un salto al vacío. 

 

La defensa y la recuperación del territorio ecológica, política y económicamente pasa por entregarle a esta generación y a las generaciones futuras la posibilidad de seguir viviendo y habitando este lugar. La nueva Constitución debe ser reflejo de los anhelos de las mayorías que en los diversos territorios del país se han movilizado desde hace más de 40 años contra los proyectos extractivistas, contra las industrias energéticas, agro-exportadoras, mineras, forestales y salmoneras, de aquellos territorios y comunidades que han quedado sin agua, sin tierra, sin costas, sin mares y sin valles. La nueva Constitución debe recuperar el agua como un derecho humano y un bien de uso y dominio público; abrir el camino a la reestructuración y la redistribución de la propiedad de la tierra, del mar y la recuperación de los minerales como el cobre o el litio para la generación de riqueza pública y con métodos de extracción diversos, que perjudiquen lo menos posible los territorios y a las comunidades. 

 

La nueva Constitución tiene que resguardar territorios y maritorios prioritarios para la conservación de las especies y ecosistemas en un plan nacional de parques, áreas protegidas, resguardar rutas migratorias y de intercambio de flora y fauna; además, incorporar la participación y la planificación en el uso de cuencas, de costas, de montañas, el mar, en la fijación de tarifas en las empresas sanitarias públicas, etc. Las bases que se discutirán en la nueva Constitución deben abrir el camino para la reorganización del país con planificación territorial y descentralizada, con autonomía y democracia; y resguardar los bienes comunes, que por concepción no solo son útiles para los seres humanos sino para muchas especies y ecosistemas, como el agua, el mar y la tierra. 

 

Finalmente, en este sentido, debemos trabajar no solo por la “estatización” o “nacionalización” de los bienes comunes, sino combinar estrategias con el fortalecimiento de las autonomías eco-regionales y la generación de poder popular, incorporando el dominio y la administración comunitaria de estos bienes, tanto para regiones, comunas y pueblos. Por ejemplo, perfectamente se puede hablar aquí de la política de restitución de tierra mapuche, a pueblos originarios en general y al campesinado, contemplando la tierra como algo más allá del elemento físico, es decir, desarrollando una reforma integral, que contemple desiertos, agua, montañas, cuencas y costas. Necesitamos socializar la riqueza pública y su administración, no solo caer en la vieja receta de la administración estatal. Los pueblos, las comunidades, las regiones, provincias y las comunas futuras perfectamente pueden administrar y cuidar los bienes comunes, con una lógica no mercantil del ambiente. Ese, sin duda, será el gran desafío que tenemos por delante: pensar nuestra relación como sociedad con la naturaleza en clave post-neoliberal, post-capitalista, post-patriarcal, post-centralista, post-colonialista y post-imperialista, lo que nos obliga a equilibrar cuidado con riqueza social y pública.