10.

derechos sociales, el gol

de orellana del nuevo ciclo.

— Gonzalo Winter — Constanza Martínez

Gonzalo Winter

Diputado, militante Convergencia Social

 

Constanza Martínez

Abogada, militante de Convergencia social

La lucha por los derechos sociales en la historia reciente de nuestro país resulta ilustrativa de uno de los principales problemas de la institucionalidad vigente: su legitimidad y los efectos que produce en nuestras relaciones sociales y políticas, los que en gran medida determinan las bajas expectativas que nuestra ciudadanía depositaba en lo común y la esperanza que se abrió a raíz de la movilización de octubre.

 

Por ello, la legitimidad de la Nueva Constitución residirá principalmente en la posibilidad que tenga de delinear una salida creativa a tres aspectos fundamentales: el problema de la participación política, el cómo superar la desolación del individualismo hacia la cooperación para ofrecer una solución a nuestros problemas y la necesidad histórica de que experimentemos un triunfo popular y colectivo.

 

Todo ello debe ser mirado desde una perspectiva de carácter histórico, que ponga por delante el ciclo que se abre, teniendo en cuenta como punto central que el proceso constituyente, al igual que ese gol de Fabián Orellana ante Argentina, no es punto de llegada, sino que de partida.

de los puntos más centrales a nuestro juicio: una nueva relación que rompa con el carácter excluyente y elitario de la política transicional y más concretamente crear una fórmula que permita incorporar directamente en la Convención Constituyente la soberanía expresada en los cabildos ciudadanos que surgieron en medio de las manifestaciones. Pues, si queremos abrir un segundo tiempo, ¿cómo aseguraremos la participación sustantiva de la ciudadanía en el proceso constituyente que ella misma abrió?

Es en estos espacios donde se expresó más nítidamente el desborde de la democracia liberal representativa que, en el caso chileno, se expresa mediante un sistema de participación especialmente excluyente y obsoleto. Más que nunca, ya no basta sólo con votar, porque las expectativas de la ciudadanía son las de ejercer su soberanía por canales que le garanticen una incidencia real en el destino del país.

 

Este principio tiene un objetivo central: en política las cosas son también las formas en que se producen. Por lo mismo, instituciones excluyentes siempre producen políticas públicas excluyentes. Lo que no es sólo un ideal abstracto, sino que tiene una traducción en resultados verificables.

Sobre el problema de participación política:

La institucionalidad creada en torno a la Constitución de 1980, promueve la despolitización y fomenta la mercantilización de todos los aspectos de nuestras vidas. Nuestra nueva institucionalidad, debe ser el antídoto de este legado autoritario, ofreciendo un vehículo para la politización y desmercantilización de la sociedad. Esto requiere que las propuestas del mundo social, tanto en la producción, como durante la vigencia de esta nueva institucionalidad política, tengan mecanismos para expresarse de forma vinculante, y que permitan a las mayorías percibirlas como una expresión verdaderamente legítima de su ejercicio soberano, de acuerdo a las expectativas de una ciudadanía cada vez más interconectada.

 

Incorporar mecanismos que encaucen la voluntad ciudadana, a través de su incidencia real y permanente, implica, en el caso de la Convención Constitucional, una serie de cuestiones concretas, algunas de las cuales se encuentran en proceso, mientras que otras aún están pendientes. En proceso, por ejemplo, está la inclusión de un sistema radical de paridad, la representación de pueblos originarios, las normas que habilitan la partición equitativa de los independientes y los cupos para discapacidad. Sigue pendiente uno

Un camino debe ser incorporar a nuestra institucionalidad asuntos tan concretos como que en la Convención Constituyente los y las residentes de cada distrito, mediante convocatorias populares, puedan organizar cabildos distritales, para que así sus representantes deban asistir a estos cabildos para rendir cuenta ante sus electores y recibir las propuestas del territorio, las que serán votadas para ser presentadas como Propuestas Constituyentes Distritales, y posteriormente ser discutidas por la Convención Constituyente.

Debe ser sobre todo un desafío de carácter histórico que se plantee con madurez la constituyente como punto de partida y no de término, como un primer espacio de encuentro útil, con objetivos comunes, después de tantos años de soledad e individualismo.

Para esto, un camino debe ser incorporar a nuestra institucionalidad asuntos tan concretos como que en la Convención Constituyente los y las residentes de cada distrito, mediante convocatorias populares, puedan organizar cabildos distritales, para que así sus representantes deban asistir a estos cabildos para rendir cuenta ante sus electores y recibir las propuestas del territorio, las que serán votadas para ser presentadas como Propuestas Constituyentes Distritales, y posteriormente ser discutidas por la Convención Constituyente. 

 

Además, insistir con el mandato revocable, las iniciativas populares de ley o incorporar la práctica del plebiscito como parte importante de nuestra democracia, entre tantas otras iniciativas que ya se han ido construyendo al calor del debate constituyente.

 

Combatir la soledad y reconstruir lo común: 

Nueve días antes del estallido social, el Presidente Piñera afirmó que Chile era un verdadero oasis en una Latinoamérica convulsionada. Pero el oasis no era más que un espejismo, que ocultaba tras de sí las demandas de una gran mayoría ciudadana que incubó durante 30 años un malestar profundo, resultado de la desigual distribución de la riqueza, la inequidad en la distribución del poder y la falsa promesa de una meritocracia imposible en el contexto de una sociedad tan profundamente segregada. En el Chile neoliberal, la desigualdad está directamente ligada a la privatización de los derechos sociales, que produce acumulación para el empresariado y precariedad para las mayorías. Salud, vivienda, educación y pensiones, son apenas los ejemplos más visibles de una sociedad donde el endeudamiento es la única forma de hacer frente a un costo de la vida similar al de los países desarrollados, con un valor del trabajo que sigue siendo el de un país del tercer mundo. 

 

Este Chile mercantilizado y dotado de una institucionalidad política excluyente, promovió la competencia y anuló la colaboración, impuso al individuo por sobre la comunidad. Sin embargo, el estallido social permitió que la ciudadanía se reencontrara en las calles y se reconociera como una mayoría con demandas y expectativas comunes, que actuando como una comunidad organizada, tiene el poder para transformar la realidad, fundar un nuevo pacto social, y comenzar el debate sobre el carácter del Estado ante los desafíos del siglo XXI. La nueva institucionalidad solamente será exitosa en la medida que pueda traducir ese impulso de reconstrucción del tejido social, en mecanismos que nos permitan experimentarnos permanentemente como una comunidad política con capacidad de incidir en la realidad. En otras palabras: sentirse en democracia. 

 

Es por ello que el proceso constituyente no puede ser mirado como una mera transformación de un texto legal por otro, sino precisamente como un camino que se inicia en la movilización, que alcanza un estadio de avance concreto en la constituyente pero que va a requerir muchísimos más esfuerzos que meros cambios constitucionales. Este trayecto va a exigir también cambios de orden legislativo, organizativos, de redistribución del poder y sobre todo de representación de ciertos intereses que hasta el momento se han visto completamente excluidos. 

 

Por eso la pregunta por cómo empujamos estos cambios no puede ser en los términos y con los márgenes de quienes construyeron esta democracia restrictiva y antipopular, con un carácter meramente electoralista de corto alcance, sino entre quienes han pujado hace tantos años por un Chile distinto, con la mirada puesta creativamente en el horizonte. 

 

Debe ser sobre todo un desafío de carácter histórico que se plantee con madurez la constituyente como punto de partida y no de término, como un primer espacio de encuentro útil, con objetivos comunes, después de tantos años de soledad e individualismo. 

 

El caso de luchas concretas y el triunfo popular:

Es tal el nivel de derrota experimentado en todos estos años de acumulación de malestar, que al igual como nuestra generación experimentó nuestros primeros triunfos deportivos en el imborrable gol de Fabián Orellana frente a Argentina y luego en contundentes conquistas internacionales al ganar la Copa América, la experiencia de triunfo del proceso que se materializa desde el plebiscito del 25 de octubre debe ser construido y vivenciado por la ciudadanía y las fuerzas transformadoras, de forma en que podamos imaginar no solo ser la oposición correcta a un modelo injusto, sino que los artesanos de ese futuro post neoliberal que nos propusimos construir desde los primeros sueños de organización. 

 

Incluso más, estos no fueron los primeros triunfos deportivos en nuestra historia, pero si fueron las primeras veces que entendimos como generación que se abría un momento que nunca antes habíamos visto en cancha, que no duraba 90 minutos de emoción momentánea, sino que nos traería la ilusión de un proceso distinto.  

 

Poder reafirmar la necesidad de triunfo, después de tantos años de derrota, es una disposición clave para afrontar la disputa a la que nos enfrentaremos en los próximos años y de simbolizar la esperanza del pueblo movilizado. 

 

En este sentido la oposición al carácter subsidiario de nuestro Estado no es un asunto accesorio. Desde la dictadura se impulsó un proceso de privatizaciones de los servicios públicos y desmantelamiento de las empresas estatales, en rubros como salud, educación, transporte, energía y telecomunicaciones, proceso que, posteriormente, fue profundizado por los gobiernos de la Concertación.  Así, la provisión de servicios públicos y derechos sociales fue cedido a capital privado nacional y foráneo, como un verdadero aporte estatal a la acumulación y concentración de la riqueza. Más aún, las entidades privatizadas, y también las múltiples iniciativas de carácter privado que proliferaron para otorgar educación, salud,  protección a menores y hasta cárceles, operaban y eran financiados a costa de subsidios estatales mediante la lógica del voucher, garantizandoles ingresos públicos permanentes a emprendimientos privados. 

 

La privatización de los derechos sociales y la mercantilización de la vida cotidiana produjo que que la calidad de los servicios dependiera de la capacidad de pago de cada individuo, aumentando considerablemente las brechas sociales y de paso, generando en los sectores populares una profunda desafección del Estado y de la clase política, que se traduce, por ejemplo, en los enormes niveles de abstención o en el descrédito del Congreso y los partidos políticos.

 

La crisis de acceso a la vivienda que sufren grandes sectores de la población  en este sentido es muy ilustrativa. Hasta hoy, se aborda como una problemática individual, cada grupo familiar debe hacer enormes esfuerzos económicos -y aún si las posibilidades de adquirir un bien inmueble son escasas, dados los exorbitantes precios del mercado-, pero no se enfrenta como un área que afecta a la sociedad en su conjunto, como, por ejemplo, sucedió con educación o pensiones. Si el Estado garantizara acceso a la vivienda digna e impulsara políticas públicas urbanas inclusivas, con  barrios y ciudades que no segregan, sino que construyeran comunidad, acortando tiempos de viaje, creando más áreas verdes y ambientes libre de contaminación, permitiría acortar las brechas sociales, pero si no nos hacemos esas preguntas, la ventana de oportunidad que se ha abierto no va a alcanzar a ser suficiente para que sea sostenible en el tiempo.

 

Lamentablemente, en base a este sistema de acumulación y privatización, se ha instalado un límite permanente al ejercicio de la democracia en nuestro país y se ha vaciado de su significado. Por ello, no se puede establecer una lista de derechos sin una transformación radical al carácter subsidiario del Estado y, a su vez, modificar las variables de clase, género y cuestionar la violencia histórica sobre la cual se ha construido nuestro país, todas condiciones básicas para enfrentar las complejidades que nos abre el siglo XXI.

 

Por eso el sueño inconcluso, luego de años de movilizaciones por derechos y el proceso constituyente abierto tras ellas, debe erigirse como un camino y no un destino final. Como ese primer gol apretado en el Estadio Nacional. Que rompa la mufa y que se comprometa a soñar y construir equipo para ganar -al fin- una copa en dignidad.

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