El planeta en crisis

Actualmente en el mundo y también en nuestro país se están desarrollando numerosas crisis. La más evidente es la crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, la que ha puesto en jaque al mundo y los sistemas de salud. Lo anterior se relaciona con la pérdida de ecosistemas y la zoonosis que se produce entre animales y humanos, cuestión que lamentablemente no es evidente para la mayoría de la sociedad. 

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Por otra parte, somos testigos de la crisis de la democracia que se ha extendido a todos los continentes. La democracia como modelo se encuentra sometida a prueba, por diversos cuestionamientos y razones como la inmigración, los discursos de odio, el mal uso de las tecnologías y redes sociales, como también la pérdida de confianza en las instituciones y la despolitización de los partidos políticos que son los guardianes de esta (Levitsky, Ziblatt; 2018).

Muchas leyes en materia medioambiental han sido suavizadas por las presiones de los distintos sectores productivos, lo que ha impedido que se pueda avanzar de forma expedita a la hora de hacernos cargo de la realidad y cargas ambientales que han debido soportar por décadas los territorios, su gente y los ecosistemas.

Tanto la crisis sanitaria, como la crisis de la democracia que nos asolan, se relacionan con una crisis que avanza cada vez más rápido y que nos acompaña ya hace un buen tiempo: la crisis climática y ecológica que llegó para quedarse. De acuerdo con lo señalado por los expertos, para convivir con un cambio climático no peligroso, es necesario que la temperatura pueda ser contenida en un aumento máximo de 1,5 grados al año 2030. Sin embargo, existen bajas o casi nulas posibilidades de lograr este cometido, dado el bajo compromiso de los países que son grandes emisores como Estados Unidos y China que se niegan a reducirlas, por lo que las emisiones de gases de efecto invernadero, seguirán en aumento y el estrecho margen de 10 años para reducirlas comenzará a ser cada vez más lejano. 

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En el caso de Chile, si bien no es un país emisor, ya que sus emisiones representan el 0.25% de las emisiones totales del mundo, es un país altamente vulnerable al cambio climático, siendo necesario que se tomen medidas de adaptación y resiliencia, con el fin de enfrentar los difíciles escenarios que representará la crisis climática y ecológica para el país. En efecto, el país cumple con 7 de las 9 vulnerabilidades de la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), dado que contamos con áreas costeras de baja altura, zonas áridas y semiáridas, zonas de bosques, propensión a los desastres naturales, sequía y desertificación, zonas urbanas con contaminación atmosférica y ecosistemas montañosos, lo que nos deja totalmente expuestos a un cambio climático peligroso en caso de no poder contener el aumento de la temperatura promedio en 1.5 grados (PNUMA, 2019). 

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La adaptación y la resiliencia al cambio climático implican un enorme desafío para el Estado y la sociedad en su conjunto, debido a que se requiere con urgencia de una batería de políticas públicas que logren hacerse cargo del desafío que impone preparar al país para el difícil escenario que se deberá enfrentar, sobre todo porque el marco legal imperante, no facilita en absoluto dicha gestión, lo que hace que Chile en materia de adaptación y resiliencia tenga un bajo progreso, ya que permanentemente los avances en la legislación ambiental requerida tienen como tope la actual Constitución. Un ejemplo evidente de aquello es el agua, ya que, al estar la propiedad de los derechos de aprovechamiento en rango constitucional, los cambios que se debieran implementar, no se pueden realizar. 

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Elementos para enfrentar las crisis climática y ecológica

Para enfrentar la crisis climática y ecológica en primer lugar se requiere de una democracia sana que permita resolver la crisis política y de confianza que vive el país. Es por ello por lo que el cambio constitucional es vital que avance, con el fin de oxigenar nuestra democracia, para que la sociedad en su conjunto pueda darse un nuevo contrato social en todo orden de cosas, pero en especial con el medio ambiente y la naturaleza. 

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En segundo lugar, se requiere cambiar nuestra relación con el medio ambiente en la Constitución, ya que la garantía constitucional fijada en el artículo 19 número 8 que indica “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación...” (CPR Art. 19 Nº 8, 1980) es insuficiente, pues se requiere de normas que definan la contaminación, cuestión que en pleno siglo XXI, el Estado chileno se encuentra al debe en la dictación de numerosas normas, lo que impide poder velar por la salud del medio ambiente y de la sociedad de quienes habitan los territorios. 

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En tercer lugar, se requiere eliminar la garantía constitucional del artículo 19 número 24 inciso final, que es en donde se asegura la propiedad de los derechos de aprovechamiento de las aguas “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos” (CPR Art. 19 Nº 24, 1980) esta garantía, impide que ante un escenario de escasez hídrica se pueda hacer una gestión adecuada para abordar los escenarios de cambio climático que se avizoran.  

En cuarto lugar, se requiere desarmar el entramado legal de la Constitución de 1980 en donde se plantea un modelo económico que el país viene impulsando desde hace 40 años, basado en un presidencialismo extremo y en una propiedad privada fortalecida, lo que ha implicado un desarrollo basado en el extractivismo, de donde se desprende el Código de Aguas de 1980, la ley de Servicios Eléctricos de 1982, la ley de Concesiones Mineras de 1982 y el Código Minero de 1983. 

Rol del Extractivismo

La estructura legal que da vida al modelo extractivista, si bien no fue la panacea en dictadura, si lo fue en democracia, dado que todos los gobiernos democráticos de la transición y post transición implementaron políticas sociales focalizadas basadas en políticas extractivas de recursos naturales (Svampa, 2017). 

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De norte a sur los diversos territorios fueron despojados. En el norte la minería ha configurado las economías, contaminando vastas áreas y numerosas ciudades que deben convivir con la contaminación generada tanto del aire por el MP 10 y MP 2.5, el agua y los suelos con arsénico y otros minerales, sumado a la gran cantidad de tierra que deben movilizar generando relaves y pasivos ambientales. 

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A su vez la actividad minera es intensiva en el uso de la energía, lo que implicó generar zonas de sacrificio por la demanda de energía, la que se creó a través de proyectos termoeléctricos, fomentando las zonas de sacrificio en las ciudades de Tocopilla, Mejillones y Huasco. En materia hídrica, en las regiones del norte el agua es utilizada en dicha industria tanto metálica como no metálica, lo que ha implicado que numerosos poblados dedicados a la agricultura hayan desaparecido o están resistiendo a la desaparición (Larraín, Poo, 2010). 

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En la zona centro, el modelo también hizo lo suyo, se desarrollaron numerosos proyectos hidroeléctricos, agricultura de gran escala para la exportación, la que es intensiva en el uso del agua y el uso de agroquímicos que contaminan las aguas, el sector forestal que ha intensificado la escasez de agua, debido a que son especies exóticas no adecuadas para nuestros ecosistemas. Por su parte en la zona sur, el modelo se sigue replicando intensificado con megaproyectos hidroeléctricos, plantaciones de monocultivos, salmonicultura y minería de carbón. 

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El modelo extractivista hizo gala de su ineficiencia en torno a la pandemia, esto debido a que Chile tiene una economía basada en la exportación de materias prima que genera altos niveles de riqueza sin mayor transformación y dejando la contaminación y los pasivos ambientales en los territorios. Tampoco promueve el desarrollo de otras áreas estratégicas que puedan transformar la economía y llevarnos a un desarrollo compatible con la naturaleza. 

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El modelo extractivo no es viable en torno a la crisis climática y ecológica, ya que la contaminación se encuentra a la orden del día y la institucionalidad ambiental no alcanza a ser garante de la salud de nuestros ecosistemas, debido a las bajas exigencias ambientales, a la falta de una fiscalización exhaustiva, como también a la permisiva evaluación ambiental que no incorpora al cambio climático, como variable a tener en cuenta, lo que implica que al no tener a la vista dicho escenario los proyectos de inversión se están evaluando a ciegas.  

Muchas leyes en materia medioambiental han sido suavizadas por las presiones de los distintos sectores productivos, lo que ha impedido que se pueda avanzar de forma expedita a la hora de hacernos cargo de la realidad y cargas ambientales que han debido soportar por décadas los territorios, su gente y los ecosistemas. 

Algunas propuestas para una nueva constitución 

Una nueva Constitución si bien no es una varita mágica que vendrá a solucionar los problemas que genera el actual modelo de desarrollo y los que vendrán con la crisis climática y ecológica, sí es el comienzo de un camino que permite valorar a la naturaleza, no desde una visión antropocéntrica, sino desde un equilibrio y reconociendo los límites que tiene el crecimiento. Para ello se requiere comprender el Estado como plurinacional, con el fin de integrar la cosmovisión de los pueblos indígenas que han sido a nivel mundial los protectores del 80% de la biodiversidad del planeta. 

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También es necesario reconocer la naturaleza como sujeto de derechos, como principio ético de nuestra relación con ella. Incluir la dimensión intergeneracional y la descentralización de nuestra visión del Estado. Primero, porque debemos proteger y resguardar nuestra naturaleza para las futuras generaciones y, segundo, porque se debe priorizar fijar una relación de los territorios de acuerdo con las características naturales de las propias regiones y sus particulares ecosistemas. 

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Garantizar el poder vivir en un medio ambiente sano que permita a las comunidades desarrollarse y respetar la vocación de los territorios, como también se debiera garantizar el derecho al agua, tanto para el consumo humano como para los ecosistemas, cuestión que con la actual Constitución y el modelo propietarista del agua, no se ha podido concretar. 

Generar una Constitución en democracia, es un gran hito que nos permitirá profundizar en justicia, participación y democracia ambiental que tanto se clama por las personas que por décadas han debido soportar las cargas ambientales del modelo, llegando incluso a  pagar con su salud y vida. 

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Por último, el modelo de desarrollo extractivo que se desprende de la actual Constitución es un modelo que no permite generar un nuevo pacto social que se haga cargo de los desafíos que nos presenta la crisis climática y ecológica que nos azotará.  Es por ello que esta oportunidad es única, porque es el medio ambiente el que sostiene nuestro bienestar y calidad de vida, por lo que tener una relación equilibrada con la naturaleza nos permitirá hacernos cargo de una crisis de mayor envergadura de la que asistimos hoy; cuestión que es esencial, ya que está en riesgo la vida de los ecosistemas que nos proveen la posibilidad de nuestra propia existencia.

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Referencias bibliográficas

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Biblioteca del Congreso Nacional. (24 de agosto de 2020). Obtenido de www.bcn.cl: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=242302

Larraín, S. y Poo, P. (2010). Conflictos por el Agua en Chile: entre los derechos humanos y las reglas del Mercado. Santiago: Chile Sustentable.

Levitsky, y Ziblatt. (2018). Cómo mueren las democracias. Ariel.

PNUMA. (2019). Perspectivas del Medio Ambiente GEO 6. Nairobi: Naciones Unidas.

Svampa, M. (2017). Del cambio de época al fin de ciclo. Gobiernos progresistas, extractivismo y movimientos sociales. Buenos Aires: Edhasa.